- La intervención general de la administración del estado
deniega por segundo año consecutivo la auditoría a la confederación
hidrográfica del tajo. La sociedad no tiene un correcto control sobre la
titularidad de sus bienes, las obras que realiza o los inmuebles que cede.
Los estados contables de la sociedad encargada de gestionar
el río más largo de la Península Ibérica, la Confederación Hidrográfica del
Tajo, son un reguero de incertidumbre. Por segundo año consecutivo, la
Intervención General de la Administración del Estado ha denegado su informe de
auditoría al verse incapaz de formarse una imagen fiel acerca de lo que pasa en
esta empresa ahora dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que
gestiona activos por más de 400 millones de euros.
La confederación cerró el ejercicio 2016, al que se refiere
la última de las auditorias denegadas, con un patrimonio neto de 287 millones
de euros, unas pérdidas de 6 millones y unos ingresos de 51 millones, de los
que 40 millones corresponden a tasas.
Incógnitas
Detrás de estas cifras hay demasiadas incógnitas, según los
auditores del Estado. En primer lugar, la empresa viene realizando desde 2012
un inventario de sus activos, infraestructuras y terrenos en el que sigue sin
haber una metodología clara de la titularidad de los bienes, las expropiaciones
realizadas o las inscripciones catastrales. La encargada de hacer esta labor es
la empresa, también estatal, Tragsa.
En segundo lugar, la confederación ha venido apuntándose en
su contabilidad infraestructuras que ha ido entregando de forma gratuita a
comunidades autónomas. Ésta es una forma "habitual" de funcionar en
la confederación, lamentan los auditores, sin que el área económica esté al tanto
de lo que sucede, hasta el punto de que "no es posible determinar en cada
momento qué bienes deben permanecer en el activo y cuáles darse de baja".
Esta circunstancia "constituye un grave problema de control interno y hace
imposible determinar su importe en cada momento".
En tercer lugar, la confederación ha ido dando de alta los
proyectos en los que decide trabajar, al margen de si las obras se llevan
finalmente a cabo o no. "Esta práctica supone que el inmovilizado esté
sobrevalorado, siendo imposible determinar en qué cuantía".
Hay, además, otras "deficiencias de control
interno", entre ellas la referida a los inmuebles que la confederación
tiene cedidos a trabajadores y "otras personas" tanto "físicas
como jurídicas". El inventario sobre estos inmuebles no está actualizado.
La sociedad tampoco ha aportado a los auditores la
metodología y los cálculos con los que ha constituido una provisión a largo
plazo para responsabilidades valorada en 5,23 millones de euros.
Por último, tampoco ha sido posible comprobar la correcta
liquidación del importe que la confederación debe recibir por el conocido como
canon hidráulico.
Este canon, creado para cuadrar las cuentas del sistema
eléctrico, se aplica sobre la producción de energía en las centrales
hidráulicas. El 98% se destina al Tesoro para evitar la aparición del déficit
de tarifa del sistema eléctrico, mientras que el 2% se destina a los gestores
de las cuencas. De los 22,9 millones ingresados en 2016 por el canon en las
presas del Tajo, la confederación se apuntó un ingreso de 458.112 euros.
La Intervención del Estado cita otros 14 puntos pendientes
de pulir en las cuentas del gestor de la cuenca, ninguno de ellos de la
gravedad de las anteriores.
La empresa estatal estaba presidida en el ejercicio cuyas
cuentas han quedado denegadas por Miguel Antolín, que fue destituido a finales
del año pasado. Le sustituyó Juan Carlos de Cea Azañedo, que no ha llegado al
año en el cargo debido al cambio de Gobierno.
El nuevo Ministerio de Transición Económica ha designado como
nuevo presidente de la empresa a Antonio Yáñez Cidad, hasta ahora responsable
del departamento de calidad del agua de la propia empresa.
55.600 kilómetros
La Confederación del Tajo se encarga de lo que ocurre en los
55.600 kilómetros del río y de sus afluentes. Esta longitud es mayor a los
40.000 kilómetros de la circunferencia terrestre por el ecuador.
La red fluvial está repartida por cuatro comunidades
autónomas, que son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y
Extremadura. En las cercanías de sus ríos viven seis millones de personas y se
asientan cuatro capitales: Toledo, Guadalajara, Cáceres y la de España, Madrid,
cuyo río, el Manzanares, es afluente del Jarama, que a su vez desemboca en el
Tajo.
De la confederación depende desde la planificación
hidrológica hasta la gestión de residuos, la protección del dominio público
hidráulico, las concesiones de derechos de uso privativo del agua, el control
de calidad del ésta o el proyecto y ejecución de nuevas infraestructuras
hidráulicas.
Financiación
La empresa emplea a más de 500 personas y tiene varias
fuentes de financiación. Una de ellas son los fondos del Ministerio de
Agricultura, ahora integrado en el de Transición Ecológica, de los que no
recibió ningún importe en 2016.
La mayor parte de los ingresos proceden de cánones, entre
ellos los de dominio público, vertidos públicos y actividad industrial. Obtiene
tasas de actividades como la inspección de obras y tarifas por el uso del agua.
También se financia con las sanciones que se aplican por irregularidades en el
uso de los ríos.
Su última fuente de financiación corresponde a los recursos
que le llegan de la Confederación del Segura por las infraestructuras de
trasvase que conectan ambas cuencas.
