Antonio Zárate Martín [Foto tomada de su Facebook] |
La anulación definitiva del POM de 2007 por sentencias de 31
de marzo de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM y
posteriormente por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento, abrieron la esperanza para un tratamiento integral de la ciudad
comprometido con la conservación y puesta en valor de sus valores
patrimoniales, con el medioambiente, la renaturalización y el paisaje, siempre
desde criterios de sostenibilidad y de participación de la sociedad, en
definitiva, de acuerdo con los criterios actualmente dominantes en el
tratamiento de las ciudades y recomendados por todas las instancias y
organismos internacionales. Parecía que se despajaba el camino para resolver,
entre otros, los problemas que afectaban a una zona tan sensible de la ciudad
como es la Vega Baja por sus elevados valores patrimoniales y paisajísticos y
por las amenazas que supone la presión urbanizadora y especulativa de su
entorno. Sin embargo, la respuesta desde el Ayuntamiento ha sido la contraria,
como se demuestra por las previsiones para la zona incluidas en la modificación
28 del PGMOU de 1986, exactamente lo mismo que ocurre con la modificación 29
respecto a La Peraleda y otras unidades urbanísticas, siempre con el objetivo
de “compactar” con cemento y viviendas los huecos entre los diferentes barrios
de una ciudad que se extiende de oeste a este, siguiendo el eje del río, a lo
largo de casi 12 kilómetros.
En la Vega Baja, la actual modificación 28 del PGMOU de 1986
mantiene la intensidad edificatoria prevista por el POM de 2007 y las mismas
unidades de actuación urbanística, tipologías constructivas, superficies de
edificabilidad y alturas, lo que se traducirá en 1.785 viviendas y una
población de casi 4.000 personas. De nuevo, como sucede en La Peraleda,
seguimos con un modelo de ciudad ajeno a nuestros tiempos, que apuesta por el
crecimiento continuo y desmedido, en definitiva por la especulación del suelo,
y lo que es peor, por la apropiación del uso colectivo del suelo por intereses
inmobiliarios y expectativas de aumento de recaudación municipal mediante el
IBI, plusvalías, impuestos y rentas que genera el suelo urbanizado, olvidando
que ese hecho comporta luego cargas difíciles de soportar para las arcas
municipales a través de sus obligaciones de mantenimiento de infraestructuras y
de servicios. En este caso, es posible que los usos residenciales disminuyan si
se cumplieran las declaraciones de la alcaldesa de 6 de julio referidas a la
Unidad de Actuación 01. Vega Baja (no habrá 1300 viviendas, ABC, 06/07/2018),
puesto que ese espacio coincide con el declarado como BIC con la categoría de
Zona Arqueológica el 10 de junio de 2008. La reducción del número de viviendas
sería resultado más del imperativo legal que de cualquier otra negociación o
consideración, aunque siendo así no deja de sorprender que la modificación 28
del PGMOU mantenga las 1300 viviendas.