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| Antonio Zárate Martín [Foto tomada de su Facebook] |
La anulación definitiva del POM de 2007 por sentencias de 31
de marzo de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM y
posteriormente por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento, abrieron la esperanza para un tratamiento integral de la ciudad
comprometido con la conservación y puesta en valor de sus valores
patrimoniales, con el medioambiente, la renaturalización y el paisaje, siempre
desde criterios de sostenibilidad y de participación de la sociedad, en
definitiva, de acuerdo con los criterios actualmente dominantes en el
tratamiento de las ciudades y recomendados por todas las instancias y
organismos internacionales. Parecía que se despajaba el camino para resolver,
entre otros, los problemas que afectaban a una zona tan sensible de la ciudad
como es la Vega Baja por sus elevados valores patrimoniales y paisajísticos y
por las amenazas que supone la presión urbanizadora y especulativa de su
entorno. Sin embargo, la respuesta desde el Ayuntamiento ha sido la contraria,
como se demuestra por las previsiones para la zona incluidas en la modificación
28 del PGMOU de 1986, exactamente lo mismo que ocurre con la modificación 29
respecto a La Peraleda y otras unidades urbanísticas, siempre con el objetivo
de “compactar” con cemento y viviendas los huecos entre los diferentes barrios
de una ciudad que se extiende de oeste a este, siguiendo el eje del río, a lo
largo de casi 12 kilómetros.
En la Vega Baja, la actual modificación 28 del PGMOU de 1986
mantiene la intensidad edificatoria prevista por el POM de 2007 y las mismas
unidades de actuación urbanística, tipologías constructivas, superficies de
edificabilidad y alturas, lo que se traducirá en 1.785 viviendas y una
población de casi 4.000 personas. De nuevo, como sucede en La Peraleda,
seguimos con un modelo de ciudad ajeno a nuestros tiempos, que apuesta por el
crecimiento continuo y desmedido, en definitiva por la especulación del suelo,
y lo que es peor, por la apropiación del uso colectivo del suelo por intereses
inmobiliarios y expectativas de aumento de recaudación municipal mediante el
IBI, plusvalías, impuestos y rentas que genera el suelo urbanizado, olvidando
que ese hecho comporta luego cargas difíciles de soportar para las arcas
municipales a través de sus obligaciones de mantenimiento de infraestructuras y
de servicios. En este caso, es posible que los usos residenciales disminuyan si
se cumplieran las declaraciones de la alcaldesa de 6 de julio referidas a la
Unidad de Actuación 01. Vega Baja (no habrá 1300 viviendas, ABC, 06/07/2018),
puesto que ese espacio coincide con el declarado como BIC con la categoría de
Zona Arqueológica el 10 de junio de 2008. La reducción del número de viviendas
sería resultado más del imperativo legal que de cualquier otra negociación o
consideración, aunque siendo así no deja de sorprender que la modificación 28
del PGMOU mantenga las 1300 viviendas.
No obstante, aun suponiendo que la anterior unidad de
actuación quedara libre de viviendas y que en ella se habilitara un espacio de
interpretación del pasado de la ciudad, según propuestas sucesivas en el
tiempo, la mayor parte de la Vega Baja desaparecería bajo la marea urbanizadora
ligada al negocio inmobiliario, arrasadora del paisaje y de los valores
medioambientales y arqueológicos. En las inmediaciones del Cristo de la Vega y
del Circo Romano se mantienen otras dos actuaciones incluidas en el POM del de
2007, en la primera, en el Cristo de la Vega, se levantarán 98 viviendas
unifamiliares y plurifamiliares de 2 y 3 alturas, y en la segunda, en el Circo
Romano, 300 viviendas plurifamiliares, de 5 alturas. Y a ello se suman las 87
viviendas en construcción de la ampliación del barrio de Santa Teresa,
dispuestas a modo de cortina que cierran la perspectiva del Centro Histórico, y
por si fuera poco, con soluciones arquitectónicas de difícil encaje en la zona
por sus formas, volúmenes, colores y cubierta plana. El resto de la Vega Baja
se dedicará a usos dotacionales, equipamientos colectivos y actividades
terciarias, entre ellas el soñado proyecto de Corte Ingles como modelo de
modernidad y rango de la ciudad, ahora más lejos que nunca. En cualquier caso,
la naturaleza del lugar se limitará a pequeñas superficies interiores, a las
márgenes del río y a un reducido parque dotacional que representa sólo el 3,4 %
de la superficie prevista de urbanizar, en lo que ahora es un espacio de
huertos y viveros, por lo tanto, poco que mejorar.
En cualquier caso, con esta ordenación desparecerán restos
arqueológicos que se extienden por toda la Vega Baja y que no se limitan al
declarado parque arqueológico, y la vista del conjunto de la Ciudad Histórica,
tal como fue preservada por las Instrucciones de Bellas Artes de 1968, el Plan
Especial de 1997 y la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, habrá
sido eliminada. Toledo habrá perdido una de las señas de identidad por lo que
se la reconoce en el planeta y por las que ICOMOS informó favorablemente para
su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Se podría perder entonces la
marca de calidad que otorga esa denominación, por incumplimiento de las
obligaciones internacionales para conservar el entorno de la ciudad, contraídas
cuando se le otorgó esa calificación y renovadas con su declaración como Valor
Universal Excepcional en 2013 por la UNESCO.
Además, el desmedido empeño urbanizador del Ayuntamiento en
la unidad geográfica y de paisaje que es la Vega Baja (incluida La Peraleda) a
través de la modificaciones 28 y 29 del PGMOU de 1986 no se puede entender hoy
desde la responsabilidad política que supone gestionar lo que es patrimonio
colectivo, del conjunto de la ciudadanía, y no propiedad de una corporación
cambiante cada 4 años. Una de las primeras exigencias del urbanismo actual es
la concertación con los agentes sociales no sólo con los económicos. No debería
ser difícil entender que el medioambiente, el paisaje y los valores históricos
son parte del patrimonio y de la calidad de vida que los poderes públicos
tienen obligación de conservar (Art.45 y 46, Título I, de la Constitución
Española), son bienes que no pueden ser destruidos por intereses especulativos,
lo que no deberá impedir la justa y debida compensación a los propietarios de
los terrenos por su contribución a la conservación de valores que son de todos.
Desde el Ayuntamiento no se aportan estudios que justifiquen
una demanda de vivienda por encima de la oferta existente en el mercado y de
los terrenos ya urbanizados susceptibles de edificación, lo que entra además en
contradicción con la existencia de un 10% de viviendas vacías en 2011 según
datos del INE, con las oportunidades de vivienda por relevo generacional y,
sobre todo, con la realidad que impone un crecimiento demográfico escaso o
negativo. La ciudad tenía 84.019 habitantes en 2012 y 83.741 en 2017, y el
crecimiento vegetativo (diferencia entre los que nacen y mueren) desciende de
478 personas en 2012 a 214 en 2017. De este modo, el crecimiento queda a merced
de los que llegan de fuera, pero sabiendo que el saldo migratorio ya fue
negativo en 2014, 2015 y 2016. Los responsables políticos deben comprender que
no estamos en tiempos de expansión de las ciudades y que no se necesita crear
suelo urbano si no es a través de actuaciones puntuales para atender
necesidades concretas y siempre asumiendo las consecuencias del modelo de
ciudad dispersa que tenemos, compuesta por barrios separados entre sí que han
sido creados y consolidados de manera planificada por la propia administración,
como la Legua, Valparaíso, las Tres Culturas, etc., y fuera del término
municipal, por pueblos próximos que han crecido hasta desarrollar una auténtica
área metropolitana. Por todo eso se requiere un urbanismo de la concertación,
capaz de ordenar y planificar para todo ese espacio, sin dejar al margen el
Casco Histórico, como ha venido sucediendo hasta ahora, el núcleo principal. En
este sentido, es absolutamente prioritaria una estrategia de revitalización
funcional que permita diversificar sus actividades y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes, que, entre otras cosas, atraiga microempresas relacionadas
con las TIC, como otras ciudades, como París, Londres, Dublín o Ámsterdam a
gran escala, o Logroño a pequeña escala en nuestro país, que ha seleccionado
con ese fin un área degradada del casco antiguo aprovechando Fondos Feder
2014-2020. En la actualidad las grandes empresas, como Google, apuestan por los
centros urbanos para sus sedes. Claro que lo primero que habría que superar en
Toledo es la carencia de red de fibra óptica en el casco histórico, que parece
no preocupar mucho a nuestras autoridades y que sorprende aún más cuando
nuestra ciudad nominalmente forma parte de la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI).
En resumen, las modificaciones 28 y 29 del PGMOU de 1986,
que afectan a toda la ciudad, no sólo a la Vega Baja y a La Peraleda, no son
más que un lavado de cara del POM de 2007, una vía para continuar con
planteamientos urbanísticos propios de la época de la burbuja inmobiliaria y
ajenos a los valores patrimoniales, paisajísticos y medioambientales que hacen
única en el mundo a nuestro ciudad, que justificaron su inclusión en la lista
de patrimonio de la humanidad y que facilitarían la integración de Toledo en
las redes internacionales de ciudades que apuestan por estos valores y por la
innovación. Compactar la ciudad con viviendas y cemento es muy difícil, casi
imposible, y todavía más cuando esos vacíos constituyen una oportunidad para la
renaturalización, con usos agrícolas y huertos urbanos, una ocasión para
aumentar la biodiversidad, para conservar los vestigios del pasado y paisajes
únicos en el mundo.
Antes de seguir con proyectos desafortunados y de
consecuencias irreversibles como los que se proponen a través de las
modificaciones del PGMOU de 1986, correspondientes a prácticas especulativas
del pasado que iniciaban la urbanización por espacios lejanos del centro para
generar plusvalías de los suelo intermedios, vacíos urbanos, y luego ocuparlos,
no estaría demás dar audiencia a la opinión pública a través de foros en los
que se puedan contrastar propuestas y opiniones de todos los actores sociales,
de los ámbitos e instituciones culturales más allá de los subvencionados,
también del Ayuntamiento, del Gobierno regional y de expertos independientes
con experiencia en el análisis e interpretación de las ciudades, en la
conservación del patrimonio, en el medioambiente y en la aplicación de las TIC.
Seguro que si estas consideraciones se tuvieran en cuenta, las vegas quedarían
a salvo, los paisajes y los vestigios arqueológicos del pasado se conservarían,
el casco histórico se recuperaría funcionalmente y todos disfrutaríamos de una
ciudad más cohesionada, con mayor calidad de vida y probablemente con menores
costes de mantenimiento.
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