Ninguno de los secretarios generales del PSOE ha logrado
consensuar una política común con relación al agua, que es uno de los asuntos
centrales que mueven la agenda de la España interior. Tanto Felipe González
como Rodríguez Zapatero mantuvieron una política protrasvasista, aunque éste
último -guiado por Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE- planteó
construir 15 desaladoras en la costa levantina como alternativa o complemento
para blindar el regadío. Estas estaciones de desalinización, que en países como
Israel son una garantía de abastecimiento, en el Mediterráneo se han destapado
como un recurso caro, infraexplotado y, en algunos casos, con sombras de
sospecha de irregularidades en su construcción, tal como reveló EL MUNDO.La
última derivación de 20 hectómetros cúbicos (hm3) del Tajo al Segura, aprobada
por el Ministerio de Transición Ecológica, ha reavivado la guerra entre
comunidades. Por tanto, Pedro Sánchez sigue la misma senda que sus predecesores
al frente del PSOE, aunque en su caso añade unas temerarias dosis de locuacidad
e indefinición. Durante una visita a Albacete el pasado 20 de abril, cuando aún
no oteaba la posibilidad de ser presidente del Gobierno, se mostró partidario
de «poner fin» a los trasvases y aseguró que el Pacto Nacional del Agua «debe
apostar por las desaladoras». Una semana después, en la localidad murciana de
Molina de Segura, proclamó que su «compromiso» pasaba por «mantener las
infraestructuras hídricas existentes, entre ellas, el trasvase Tajo-Segura».
El PSOE manchego cree que Sánchez ha elegido apoyar a
Valencia y Murcia
Este giro de cadera es el contexto que explica por qué la
guerra del agua ha reabierto las hostilidades entre Ferraz y los barones, y
entre los propios barones. «Cuando vino a Albacete no le pedimos que se mojara
en contra de los trasvases; fue iniciativa suya», señalan a este periódico
fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page no esconde su
enojo por el último trasvase, aprobado apenas unas semanas después de que
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, pusiera en duda el déficit
hídrico de Murcia. «Es injusto e incoherente», bramó el mandatario toledano.
«El trasvase es irrenunciable», respondió Ximo Puig. Los socialistas
castellano-manchegos exigen cerrar la tubería y recuerdan que la renta y el
turismo se ha hundido a mínimos históricos en la cabecera del Tajo. Los
socialistas valencianos reclaman medidas urgentes para que todas las
depuradoras de la cuenca del Segura dispongan de tratamiento terciario y el
agua se reutilice en la agricultura. También el pleno funcionamiento de la
desaladora de Torrevieja.El choque entre los susanistas García-Page y Puig en
esta materia es total, aunque rebelarse frente a un Gobierno del mismo signo no
es una novedad en Castilla-La Mancha. Bono se enfrentó a Borrell a cuenta del
trazado de la autovía A-3 por las Hoces del Cabriel, mientras Barreda mantuvo
una agria disputa con el ex ministro Miguel Sebastián tras la decisión de éste
de convertir la designación del almacén nuclear (ATC) en una especie de tómbola
de feria.
A los socialistas les penaliza más que al PP no tener una
política común
El PP, en cambio, ha agitado el lema de los regantes de
«agua para todos» como una causa nacional. De ahí que siempre evitara las fricciones
internas. Arias-Cañete, siendo ministro de Medio Ambiente, suscribió un acuerdo
en 2013 con las comunidades implicadas en la gestión del Tajo. Cospedal,
entonces presidenta castellano-manchega, aceptó mantener el trasvase a
perpetuidad a cambio de elevar la cota mínima no trasvasable a 400 hm3. Esa
norma es la que fija las reglas de explotación actuales. Y, pese a ser
copartícipes de la misma, el PP de Castilla-La Mancha se ha atrevido a exigir
la dimisión de Page. Por «dignidad», dicen. La razón que subyace en esta
estrategia tiene que ver con los intereses electorales. Mientras a los
populares apenas les pasa factura en Castilla-La Mancha su posición
trasvasista, al PSOE cualquier veleidad que ponga en duda el acueducto
Tajo-Segura le penaliza gravemente tanto en Alicante como en Murcia. Y
viceversa: si Sánchez mantiene la política de Rajoy en esta cuestión, el
rechazo en Castilla-La Mancha está cantado. De hecho, Francisco Pérez
Torrecilla, presidente de la asociación que agrupa a los más de 20 municipios
de Entrepeñas y Buendía, y alcalde socialista de Sacedón (Guadalajara), no ha
dudado en exigir la dimisión de la ministra, a la que acusa de «cobarde» y de
«traicionar» sus principios.
Las abundantes lluvias de primavera han aliviado la
situación de los embalses. Con alrededor de 650 hm3 en cabecera, el último
desvío de agua ordenado por Ribera es legal. La nueva titular de Transición
Ecológica acumula ya dos trasvases desde que llegó al cargo: uno de 38 hm3 en
julio y el último de 20 hm3. La directiva marco del agua obliga a priorizar los
usos. Primero, agua de boca; después, usos económicos. Pero el problema del
acueducto Tajo-Segura es que ya no contenta a nadie. Ni a los ribereños de la
cabecera, por lo que califican de «expolio» de sus recursos. Ni tampoco a los
regantes, porque en época de sequía se ven obligados a prescindir de la tubería
e intensificar el uso de las desaladoras.El trasfondo político excede la
batalla medioambiental. Los dos grandes partidos se juegan gobiernos clave en
las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2019, lo que ha llevado al
Ejecutivo murciano (PP) a endurecer su beligerancia con este asunto tras la
salida de Rajoy de La Moncloa. Entre los socialistas castellano-manchegos, la
sensación es que Sánchez ha elegido: prefiere apuntalar a Puig en la Comunidad
Valenciana e impulsar como alternativa en Murcia a su líder regional, Diego
Conesa, quien en las primarias se mantuvo fiel al sanchismo. A partir de ahí,
el escenario futuro repetirá los patrones de siempre. El PP barrunta un nuevo
trasvase en septiembre. Lo haya o no, el agua continuará siendo un arma
arrojadiza entre partidos y autonomías. Entretanto, la política nacional
hídrica continúa naufragando. Y es al PSOE al que más le penaliza.
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