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Antonio Zárate Martín
[Foto tomada de su Facebook] |
Lo mismo que se construye un proyecto de vida, las ciudades, como fenómeno social y morfológico que se elabora según el lugar, modos de vida dominantes, circunstancias tecnológicas, económicas, políticas y sociales que evolucionan, necesitan de un proyecto para avanzar. Los ejemplos en tiempo reciente son infinitos, como la Barcelona que se abre al mar a raíz de las Olimpiadas del 92, la Sevilla de la Expo que recupera el Guadalquivir y lo convierte en eje de su modernización, Valencia que transforma el antiguo cauce del Turia y lo completa con la Ciudad de las Artes y las Ciencias como motor de desarrollo urbanístico, o Madrid, que une las riberas del Manzanares y habilita un largo corredor verde desde el Parque del Pardo al Norte al Parque Regional del Sureste, donde se juntan el Manzanares y el Jarama. En todas esos casos, existe una voluntad de mejora urbana de la que participa toda la sociedad y un proyecto que a veces se alarga en el tiempo y transciende ideologías, como en Madrid, siempre con vocación por introducir la naturaleza en la ciudad: desde el Parque del Oeste del alcalde Alberto Aguilera, empezado en 1893, al pasillo Verde de Tierno Galván de los 80 o la operación Madrid Río de Ruiz Gallardón, mucho más reciente. Todos los proyectos citados partieron de contextos complicados urbanísticamente en los que se impusieron soluciones de futuro tras consultas, debate entre actores sociales, económicos y políticos, y consenso en torno a unas directrices fundamentales.
Toledo, en cambio, sigue sin proyecto de ciudad en la segunda década del XXI, su estructura urbana es la de una ciudad archipiélago, de barrios dispersos que responden a sucesivos planes de urbanización e intereses contrapuestos (PGMOU de 1943, 1964, 1986, PECH de 1997 y POM de 2007), la mayoría son barrios carentes de valores urbanísticos e hitos arquitectónicos que permitan afirmar sentimientos de identidad colectiva, si se exceptúa Santa María de Benquerencia, con diferencia el de más calidad desde sus orígenes. Todos los barrios modernos son consecuencia de decisiones tomadas desde Madrid o desde el propio Toledo: en el primer caso, primando consideraciones de patrimonio; en el segundo, de urbanismo y ordenación del territorio. Desde Madrid se decidió la declaración de Toledo como Conjunto Histórico Artísticoen 1940, la redacción de su primer Plan de Urbanismo, el de 1943, la creación del Polígono de Santa María de Benquerencia a principios de los 60, dentro del Plan de Descongestión de Madrid de 1959 y la delimitación de zonas de protección de paisaje a través de las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes en 1968. Bajo aquella influencia el Ayuntamiento diseñó también el Plan Especial del Casco Histórico en 1997, que materializaba la obligación de disponer de un PECH conforme a lo establecido por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 para las ciudades declaradas «conjunto histórico artístico». Y desde Toledo, de acuerdo con la legislación de urbanismo, se elaboraron Planes Generales para resolver problemas de gestión y atender a un crecimiento que llevó a doblar su población: desde 40.243 habitantes en 1950 a 83.741 en 2017, y a generar una área metropolitana de 127.561 habitantes en 2017, fundamentalmente por la capitalidad regional y la Universidad. Durante ese periodo, los Planes de 1964 y 1986 facilitaron la ampliación de suelo urbano y la creación de otros nuevos barrios, algunos al margen de las previsiones iniciales del planeamiento y en dudosa legalidad hasta su posterior normalización, como en San Bernardo y Tres Culturas. El resultado ha sido una ciudad fragmentada, con barrios separados a lo largo del corredor del Tajo y tipologías muy variadas, desde los bloques y torres del funcionalismo a las manzanas cerradas de los ensanches y la proliferación de urbanizaciones de baja densidad residencial en respuesta a modos de vida imitados de los países anglosajones y difundidos por la globalización.
Casi siempre, tras los nuevos barrios aparecen de manera dominante los intereses de grandes propietarios del suelo, de empresas y agentes urbanizadores, los principales «hacedores» de la ciudad en el marco de las Leyes de Ordenación del Territorio (LOTAU), una vez transferido urbanismo a las CCAA (Apartado 1, Art. 148, Constitución Española). El Ayuntamiento de Toledo impulsó decisivamente esa ciudad dispersa, en expansión constante, que le permitía asegurar su financiación a través de los impuestos generados por los usos urbanos (IBI, ICIO, IAE y plusvalías), en competencia con lo que hacían al mismo tiempo los municipios de su alrededor. De ese modo, la ciudad se expandió, aunque dejando vacíos por usos del Ministerio de Defensa, por la existencia de Bienes de Interés Cultural extramuros y por normas de protección cuyo garante final es el Estado y acuerdos internacionales, sobre todo después de la calificación de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986 y de Valor Universal Excepcional por la UNESCO en 2013. Ante esta realidad espacial, la de una ciudad muy fragmentada, con algunos barrios muy distantes de otros, la respuesta del Ayuntamiento fue la elaboración del POM de 2007, que proponía como objetivo principal compactar los vacíos existentes, pensando en la construcción de 49.258 viviendas para más de 130.000 habitantes en 2020. Mientras, el Casco Histórico mejoraba su accesibilidad merced al PECH de 1997, se le dotaba de infraestructuras y se avanzaba en la recuperación de su patrimonio histórico, en gran parte por la labor del Consorcio de Toledo y el estímulo de la llegada masiva de visitantes y turistas atraídos por los monumentos de la ciudad. En cambio, no se evitaba que perdiera centralidad funcional y población, sin que sirva de consuelo el ascenso de alojamientos hoteleros y la marea de los apartamentos turísticos, ocupando antiguas viviendas o incluso edificios enteros rehabilitados en principio con fines residenciales, como en el callejón de Menores.
