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| Antonio Zárate Martín [Foto tomada de su Facebook] |
Lo mismo que se construye un proyecto de vida, las ciudades, como fenómeno social y morfológico que se elabora según el lugar, modos de vida dominantes, circunstancias tecnológicas, económicas, políticas y sociales que evolucionan, necesitan de un proyecto para avanzar. Los ejemplos en tiempo reciente son infinitos, como la Barcelona que se abre al mar a raíz de las Olimpiadas del 92, la Sevilla de la Expo que recupera el Guadalquivir y lo convierte en eje de su modernización, Valencia que transforma el antiguo cauce del Turia y lo completa con la Ciudad de las Artes y las Ciencias como motor de desarrollo urbanístico, o Madrid, que une las riberas del Manzanares y habilita un largo corredor verde desde el Parque del Pardo al Norte al Parque Regional del Sureste, donde se juntan el Manzanares y el Jarama. En todas esos casos, existe una voluntad de mejora urbana de la que participa toda la sociedad y un proyecto que a veces se alarga en el tiempo y transciende ideologías, como en Madrid, siempre con vocación por introducir la naturaleza en la ciudad: desde el Parque del Oeste del alcalde Alberto Aguilera, empezado en 1893, al pasillo Verde de Tierno Galván de los 80 o la operación Madrid Río de Ruiz Gallardón, mucho más reciente. Todos los proyectos citados partieron de contextos complicados urbanísticamente en los que se impusieron soluciones de futuro tras consultas, debate entre actores sociales, económicos y políticos, y consenso en torno a unas directrices fundamentales.
Toledo, en cambio, sigue sin proyecto de ciudad en la segunda década del XXI, su estructura urbana es la de una ciudad archipiélago, de barrios dispersos que responden a sucesivos planes de urbanización e intereses contrapuestos (PGMOU de 1943, 1964, 1986, PECH de 1997 y POM de 2007), la mayoría son barrios carentes de valores urbanísticos e hitos arquitectónicos que permitan afirmar sentimientos de identidad colectiva, si se exceptúa Santa María de Benquerencia, con diferencia el de más calidad desde sus orígenes. Todos los barrios modernos son consecuencia de decisiones tomadas desde Madrid o desde el propio Toledo: en el primer caso, primando consideraciones de patrimonio; en el segundo, de urbanismo y ordenación del territorio. Desde Madrid se decidió la declaración de Toledo como Conjunto Histórico Artísticoen 1940, la redacción de su primer Plan de Urbanismo, el de 1943, la creación del Polígono de Santa María de Benquerencia a principios de los 60, dentro del Plan de Descongestión de Madrid de 1959 y la delimitación de zonas de protección de paisaje a través de las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes en 1968. Bajo aquella influencia el Ayuntamiento diseñó también el Plan Especial del Casco Histórico en 1997, que materializaba la obligación de disponer de un PECH conforme a lo establecido por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 para las ciudades declaradas «conjunto histórico artístico». Y desde Toledo, de acuerdo con la legislación de urbanismo, se elaboraron Planes Generales para resolver problemas de gestión y atender a un crecimiento que llevó a doblar su población: desde 40.243 habitantes en 1950 a 83.741 en 2017, y a generar una área metropolitana de 127.561 habitantes en 2017, fundamentalmente por la capitalidad regional y la Universidad. Durante ese periodo, los Planes de 1964 y 1986 facilitaron la ampliación de suelo urbano y la creación de otros nuevos barrios, algunos al margen de las previsiones iniciales del planeamiento y en dudosa legalidad hasta su posterior normalización, como en San Bernardo y Tres Culturas. El resultado ha sido una ciudad fragmentada, con barrios separados a lo largo del corredor del Tajo y tipologías muy variadas, desde los bloques y torres del funcionalismo a las manzanas cerradas de los ensanches y la proliferación de urbanizaciones de baja densidad residencial en respuesta a modos de vida imitados de los países anglosajones y difundidos por la globalización.
Casi siempre, tras los nuevos barrios aparecen de manera dominante los intereses de grandes propietarios del suelo, de empresas y agentes urbanizadores, los principales «hacedores» de la ciudad en el marco de las Leyes de Ordenación del Territorio (LOTAU), una vez transferido urbanismo a las CCAA (Apartado 1, Art. 148, Constitución Española). El Ayuntamiento de Toledo impulsó decisivamente esa ciudad dispersa, en expansión constante, que le permitía asegurar su financiación a través de los impuestos generados por los usos urbanos (IBI, ICIO, IAE y plusvalías), en competencia con lo que hacían al mismo tiempo los municipios de su alrededor. De ese modo, la ciudad se expandió, aunque dejando vacíos por usos del Ministerio de Defensa, por la existencia de Bienes de Interés Cultural extramuros y por normas de protección cuyo garante final es el Estado y acuerdos internacionales, sobre todo después de la calificación de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986 y de Valor Universal Excepcional por la UNESCO en 2013. Ante esta realidad espacial, la de una ciudad muy fragmentada, con algunos barrios muy distantes de otros, la respuesta del Ayuntamiento fue la elaboración del POM de 2007, que proponía como objetivo principal compactar los vacíos existentes, pensando en la construcción de 49.258 viviendas para más de 130.000 habitantes en 2020. Mientras, el Casco Histórico mejoraba su accesibilidad merced al PECH de 1997, se le dotaba de infraestructuras y se avanzaba en la recuperación de su patrimonio histórico, en gran parte por la labor del Consorcio de Toledo y el estímulo de la llegada masiva de visitantes y turistas atraídos por los monumentos de la ciudad. En cambio, no se evitaba que perdiera centralidad funcional y población, sin que sirva de consuelo el ascenso de alojamientos hoteleros y la marea de los apartamentos turísticos, ocupando antiguas viviendas o incluso edificios enteros rehabilitados en principio con fines residenciales, como en el callejón de Menores.
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En la actualidad, la política municipal sigue esforzándose en resolver problemas cotidianos pero sin proyecto de ciudad, a no ser el que se revela tras las Modificaciones Puntuales 28 y 29 del PGMOU de 1986 que el Ayuntamiento tramita para dar seguridad jurídica a los usos del suelo. Esas Modificaciones Puntuales manifiestan estricta continuidad con el objetivo de compactar la ciudad del POM del 2007 y contradicción con muchos de los principios del «Plan de Acción Estrategia Toledo 2020» y de la «Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado» (EDUSI 2020), que recogen recomendaciones de la Nueva Carta Urbana-Hábitat III y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Las referencias a la sostenibilidad y el medioambiente se vacían de contenido en la práctica, se mantienen así las 1.300 viviendas del POM de 2007 en el BIC «Ampliación del Yacimiento Arqueológico de la Vega Baja», lo que resulta legalmente inviable; se conservan los Planes Especiales del Circo Romano para 300 viviendas y del Cristo de la Vega para 98; se intensifica la ocupación del suelo prevista en La Peraleda, de «No urbanizable protegido» pasa a «Urbanizable de uso residencial» con una previsión de 5.300 viviendas para más de 10.000 habitantes, y en ningún momento se ha planteado una alternativa a la ubicación del «Puy-du-Fou» que permita conservar uno de los espacios de mayor calidad medioambiental del municipio y el único libre de urbanización, como tampoco se ha cuestionado la desaparición de las zonas próximas al río en Safont, de valor paisajístico y medioambiental, y de alta utilización recreativa y de paseo, para ser ocupada por un recinto ferial con superficies asfaltadas, construcción de casetas y un escenario para actuaciones musicales. Además, esta es una actuación de dudoso encaje en el «Plan de Riberas» por encontrarse en zona de inundación según el mapa de peligrosidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo y junto a áreas residenciales (Antequeruela y Covachuelas) que sufrirán la contaminación acústica de los espectáculos musicales y el ferial. En cualquier caso, se provocarán inconvenientes que no existen hoy, mayores que los que se puedan encontrar en su anterior ubicación en La Peraleda, únicamente necesitada de saneamiento y de ser sacada de su actual estado de deterioro y abandono, probablemente mediante un coste económico inferior al que comporta la creación del recinto ferial en Safont.
Lamentablemente, Toledo sigue con falta de debate y consenso sobre un proyecto de ciudad compartido por la sociedad, incluso desde diferentes opciones políticas. Las respuestas a las necesidades han estado marcadas por urgencias del momento e intereses contrapuestos, los elementos dinamizadores siguen descansando en buena medida sobre la celebración de centenarios de acontecimientos o personajes vinculados con la historia de la ciudad, como comentó el exalcalde, Sr. Conde, en el Colegio Oficial de Arquitectos el pasado día 4 de diciembre de 2018. Toledo forma parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), pero sus carencias tecnológicas siguen limitando sus atractivos para grandes empresas y «startups» vinculadas con la nueva economía que se podrían beneficiar de la proximidad a Madrid, de la calidad de vida de una ciudad pequeña y de la excepcionalidad de su Casco Histórico. Y por otro lado, tampoco pueden considerarse como alternativas, decisiones personales de responsables políticos, alcaldes o presidentes del gobierno regional, que se plasman en actuaciones de desigual materialización, inciertos efectos sobre el empleo y consecuencias territoriales, como fue antes la propuesta de parque temático de «Ciudad de los Bosques» y ahora de «Puy-du-Fou», o la creación de la gran superficie comercial de la Abadía, sin considerar consecuencias sobre otras superficies cercanas, como el Centro Comercial Puerta de Toledo, en Olías del Rey, o sobre los locales de zonas comerciales consolidadas, especialmente de Santa Teresa, Buenavista y Avenida de Europa, aparte de seguir ignorándose la necesidad de tratar la ciudad de manera global dentro de una área metropolitana funcional y social que es una realidad incuestionable con la que habría que contar a la hora de planificar. La reunión en el Colegio Oficial de Arquitectos de tres exalcaldes, de expertos y representantes de distintos sectores sociales, económicos y políticos de la vida local, y las reflexiones contenidas en el libro «Toledo en Cien Años», de la editorial Ledoria, deberían servir de puntos de partida para avanzar sobre un proyecto sostenible de ciudad, con vocación de continuidad, de consenso y de generar ilusiones compartidas de futuro.
Antonio Zárate Martín- FUENTE
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