"Por primera vez tenemos en Madrid un Gobierno que está
en contra del trasvase, no a favor como hemos tenido antes y eso cambia las
cosas de los que hemos estado acostumbrados". La advertencia de Luis del
Rivero, presidente de Sacyr, durante una de las últimas asambleas del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), revela el
extraordinario enojo de los regantes de Murcia, Alicante y Almería con un
Gobierno al que presuponen afín a su causa.
Las invectivas de Del Rivero sonaron como un trallazo en la
línea de flotación del Gobierno Rajoy. La ministra Tejerina nunca ha sido del
agrado de los regantes. No ha empatizado con su protesta y, además, tuvo la
osadía de recordar, en plena sequía veraniega, que hasta la cuenca del Duero ha
sufrido las consecuencias de la alarmante falta de lluvias del último año.
Los regantes estaban acostumbrados a pelear con ministras
ecologistas como Cristina Narbona y a refutar la idoneidad de las desaladoras
(las mismas que, pese a no estar funcionando a pleno rendimiento, han salvado
la temporada a los agricultores del Levante). Lo que no estaban acostumbrados
es a lidiar con un PP al que juzgan refractario a sus posiciones. Y de ahí el
aldabonazo de Del Rivero, que fue regante del Campo de Cartagena antes que
constructor. De hecho, Sacyr es el acrónimo de Sociedad Anónima de Caminos y
Regadíos y fue fundada en la década de los 80 para acceder al negocio de las
obras posteriores al trasvase Tajo-Segura. El vínculo entre agua y hormigón ha
sido uno de los lastres históricos de la nefasta política hidrológica de
España, antes y después de la dictadura.
En realidad, ni Rajoy ni Tejerina tienen ningún interés en
enfrentarse al todopoderoso sindicato de regantes y cooperativistas. Y mucho
menos cuando el PP se encuentra asediado por el empuje de Ciudadanos en una
región en la que el partido de Albert Rivera forzó la renuncia del ex
presidente murciano mientras abrazaba por completo el discurso trasvasista. Lo
que ocurre es que rige una ley de 2013 cuyo memorándum indica con claridad el
veto a cualquier trasvase mientras las reservas de los pantanos de la cabecera
del Tajo estén por debajo de los 400 hectómetros cúbicos. Por eso el Gobierno
no ha podido aprobar ninguna transferencia desde mayo de 2017.
Esta cota se superó el pasado 20 de marzo y bastó solo un
día para que Tejerina anunciara una derivación inminente al Segura, pese a que
los embalses de Entrepeñas y Buendía apenas alcanzan el 17% de su capacidad.
Por tanto, tal como ha informado EL MUNDO, el Gobierno dará luz verde el 3 de
abril a otro trasvase según lo que dictamine la comisión técnica. Lo previsible
es que apruebe una derivación de 20 hm3 o incluso una triple de 60 hm3 para los
próximos tres meses. Esta decisión hará la pascua en la cabecera del Tajo, pero
aliviará las quejas de los regantes.
El nuevo trasvase será una temeridad perfectamente legal.
Cospedal, siendo presidenta de Castilla-La Mancha, firmó el incremento del
umbral mínimo trasvasable a cambio de aceptar el blindaje de por vida del
acueducto. Esta es la condena al Tajo y esa es una rémora que ahora permite
seguir explotando la sangría del trasvase pese a la alarmante situación de la
cabecera. La renta, el turismo y la demografía de los municipios del Tajo, 39
años después de la puesta en marcha del trasvase -el aniversario se cumplió el
sábado-, han sido arrasados en aras de un acueducto que tampoco sirve ya para
garantizar las necesidades de la cuenca receptora.
El pecado original de la tubería del Tajo, ya lo hemos dicho
aquí en alguna otra ocasión, es que lleva agua de la España seca a la España
aún más seca. Y estaba concebida para un tipo de agricultura tradicional
desbordada por la potente agroindustria del Levante. No hay trasvase que aguante
el incremento desorbitado de los regadíos de las últimas décadas, sobre todo,
teniendo en cuenta la media de precipitaciones en Cuenca y Guadalajara, y la
caída media de aportaciones a la cabecera. Mientras, en Castilla-La Mancha
también se quejan de la falta de concesiones de agua para regadío en la
cabecera, precisamente, porque se concentran en Levante. A todo ello se suma la
tecnificación de la agricultura, manifiestamente mejorable en Levante pese a
que López Miras, presidente de Murcia, presume de lo contrario; y la negativa
institucional a explorar las posibilidades del agua subterránea.
El trasvase es una herencia franquista y una obra de Estado
que no han cuestionado ni los Gobierno del PP ni los del PSOE. Los populares se
hicieron fuertes tanto en la Comunidad Valenciana como en Murcia gracias en
gran medida a la explotación política del lema Agua para todos. El PSOE, por su
parte, no ha logrado articular una posición única, si bien es cierto que los
socialistas en Castilla-La Mancha -desde Bono hasta García-Page- nunca han
abandonado su postura antitrasvasista.
Perpetuar esta infraestructura es un error mayúsculo que
incumple las normas de la UE y que seguirá lastrando la política hídrica de
España. Primero porque abonará la guerra partidista del agua. Y, segundo,
porque no satisface ni a unos ni a otros.
Los regantes rechazan las desaladoras porque las tarifas del
agua trasvasada son mucho más baratas. En todo caso, resultan una solución
pragmática desde un punto de vista social, económico y medioambiental. Falta
que haya voluntad política para ponerlas en marcha. Los municipios ribereños
calculan que la infrautilización de las desalinizadoras impide producir cerca
de 429 hectómetros cúbicos. Es irresponsable atizar la batalla del trasvase
cuando existe una alternativa viable.
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