Al parecer algunos piensan que es un CRIMEN estar en contra
del proyecto, nosotros sabemos que es un DERECHO, y no nos van a amedrentar.
¡AYÚDANOS A HACER FRENTE AL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
POR EL PUY DU FOU EN TOLEDO!
Que las administraciones públicas aprueben
administrativamente un proyecto no significa que el mismo sea bueno para los
ciudadanos, o que cumpla todos los requisitos legales. Los políticos viven de,
y para las urnas. Muchos de ellos se han convertido en políticos profesionales
que “necesitan” del voto ciudadano para perpetuarse en sus puestos. Algunos
nunca han trabajado en un empleo normal. El hecho de que un mismo partido
gobierne en el Ayuntamiento y en la Junta de Comunidades, permite dar un
impulso importante a cualquier proyecto. Cuando dicho empuje al proyecto se
inicia, incluso mucho antes de que arrancara el procedimiento administrativo
(recordemos el brindis con champán entre Page y el empresario francés, o la
presentación a bombo y platillo en el palacio de Fuensalida) y se le tiende una
alfombra roja, algo falla. La conclusión es clara: desdecirse de su entusiasmo
inicial, ante las pruebas evidentes de que el proyecto no es tan bueno, que
tiene graves carencias, mentiras, tergiversaciones, e ilegalidades, sería una
muy mala carta de presentación para las próximas elecciones, sobre todo cuando
ya habían conseguido movilizar a amplios sectores de la población, y a los
prohombres locales, a favor del mismo.
En cuestiones de este tipo juega un importante papel la
opinión pública. El hecho de ganarse a la mayor parte de la sociedad (de ahí el
impresionante aparato publicitario de la prensa que depende de las subvenciones
o publicidad administrativa, y de los constantes actos y acciones de
charlatanería realizadas por la empresa) “garantiza” el éxito de un proyecto,
en el sentido de que los políticos encuentran un respaldo en términos de
posibles votos, y la disminución del riesgo de que algún ciudadano se atreva a
ejercer sus derechos.
A pesar de toda esa maquinaria puesta al servicio de aprobar
el proyecto, materializada incluso en insultos o desprecios, un grupo de
ciudadanos, resistimos, convencidos en base a un análisis minucioso del
proyecto, de que no es bueno para nuestra ciudad tal y como se ha planteado, y
contiene graves ilegalidades.
La apisonadora política trituró el derecho ciudadano a no
estar de acuerdo con una decisión administrativa, contestando parcialmente a
nuestras alegaciones. La contestación a alguna de ellas es directamente ridícula,
de patio de colegio, otras veces contestan a una parte sí y a otra no, y otras
directamente las ignoraron. En este proceso administrativo se ha jugado
descaradamente a la confusión, presentando los argumentos dispersos en miles de
páginas, con el objeto de desanimar al más pintado.
La mayor desfachatez, y ejemplo del talante de los que nos
gobiernan, ha llegado sin embargo más tarde, cuando los “disidentes” hemos
tenido la “desvergüenza” de utilizar el derecho democrático y constitucional de
la tutela judicial. Nuestro recurso administrativo ha puesto de relevancia la
poca altura política de nuestros representantes, y ha puesto en marcha a toda
potencia el ventilador de arrojar “mierda” para intentar ahogarnos la voz. Su
desfachatez, y la de los prohombres que los defienden (con claros intereses
económicos, acostumbrados a chupar de la ciudad de Toledo obscenamente, hasta
incluso dañarla, u otros intereses ocultos) les han llevado incluso a atreverse
a mandar mensajes a la justicia, por si acaso se atreve a prestar atención a
los argumentos de los “perroflautas”.
Por el contrario, nosotros, nunca hemos puesto en duda el
derecho de los ciudadanos, o de cualquiera a estar de acuerdo y apoyar un
proyecto. Ante los insultos, siempre hemos respondido con argumentos, con
alegaciones, y con recursos administrativos, todos ellos, claramente,
mecanismos totalmente responsables, y que deberíamos ejercer los ciudadanos de
forma más frecuente, con el fin de que los poderes públicos se lo piensen antes
de aprobar un proyecto de cualquier manera. Y esta respuesta, es posible darla
con millones, miles, cientos, o con una única persona, y sería igualmente
respetable y el mismo derecho, que a nadie medianamente inteligente, se le
escapa que no depende del número de afectos o desafectos.
Dice la Constitución, en su artículo 24.1, que “Todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión”. Pues bien, ante el ejercicio de este derecho,
hemos tenido que escuchar argumentos tan “democráticos” como que es “una
pérdida de tiempo”, o “una falta de respeto”, “son las mismas 30 personas de
siempre”, “yo no sé si para este tipo de recursos están las instituciones
judiciales de nuestro país”, “los que van en contra del Puy du Fou también van
en contra de la sociedad toledana”, e incluso alguno de los prohombres, se
atreve a mandar un aviso a los jueces, cuando espera que el "juez que le toque
el caso tenga la cabeza en su sitio y sepa ver esta oportunidad tan grande para
Toledo”.
