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| [Foto: Econoticias.com] |
En la reunión del Foro Económico Mundial que se
celebra estos días en la ciudad suiza de Davos, las élites económicas aseguran
estar preocupadas por los desafíos climáticos y ambientales que están
perjudicando al planeta y a la economía.
El mismísimo Global Risks Report 2020 que
acaba de publicar esta institución incluye el cambio climático y la degradación
ambiental entre los cinco mayores riesgos actuales para la economía.
Pero esta canción ya la hemos oído. El sistema capitalista
es experto en integrar el lenguaje de la calle en su narrativa. Por eso los
poderosos de Davos nos hablan estos días de sus esfuerzos para abordar el
problema de la “emergencia climática”, de la misma forma que antes asimilaron
los conceptos de desarrollo sostenible, economía circular o los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Además, este año se está cuestionando el
capitalismo “tal como lo conocemos”. La reunión anual de Davos de 2020 nos
está dejando titulares como: “Davos se somete a examen el futuro del
capitalismo”, “el capitalismo debe reformarse para sobrevivir” o “Davos
despide un capitalismo centrado solo en el dividendo”.
Como si de un gran confesionario se tratara, los poderosos del planeta van a Davos a reconocer sus pecados (capitalistas) y asumir la realidad de los profundos desajustes que provoca el actual sistema económico y la globalización.
Pero el propósito de enmienda no incluye acabar con
la evasión fiscal, los paraísos fiscales, el fraude,
la financiación de los combustibles fósiles, respetar los derechos
humanos o ajustar el crecimiento económico a los límites
planetarios.
Los y las CEO de algunas grandes empresas españolas también
han acudido a Davos a confesar sus pecados, al mismo tiempo que hacen
propósito de enmienda y prometen la emisión de bonos verdes, mayor
inversión en energías renovables, reciclar mejor, compensar sus emisiones, etc.
En este contexto de irresponsabilidad empresarial, en
Greenpeace hemos publicado un nuevo informe titulado La Marca España
ante el reto de la Emergencia Ambiental, que resume parte de los
resultados de la investigación llevada a cabo durante 2019 sobre el grado de
cumplimiento de la Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y
Diversidad.
Esta legislación obliga a las grandes empresas
a informar sobre aspectos no financieros pero relevantes a la hora de
determinar el impacto de la empresa en temas
como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la
corrupción y el soborno o fiscalidad.
Esta auditoría utiliza una muestra de 23 grandes
empresas españolas líderes en sus respectivos sectores (energético, eléctrico,
financiero, construcción, aviación, textil, gran distribución y cárnico) para
evaluar, a la luz de esta nueva legislación, cómo reportaron en 2018 las
grandes empresas españolas en relación al impacto de sus actividades sobre
el medio ambiente y, en concreto, sobre su sistema de gestión ambiental,
prevención de la contaminación, economía circular, prevención y gestión de
residuos, uso sostenible de los recursos, reducción de emisiones y lucha contra
el cambio climático o la protección de la biodiversidad.
La principal conclusión de este informe es que las
grandes empresas españolas suspenden en materia de información sobre medio
ambiente: la media del grupo de 23 empresas seleccionadas no supera los 35
puntos sobre 100. Muy frecuentemente las empresas utilizan un enfoque
publicitario en vez de asumir una obligación real de rendición de cuentas bajo
los principios de rigor y transparencia.
Se confunde o se omite la obligación de evaluar el impacto
de la actividad empresarial sobre el medioambiente, desglosando la información
por países y/o instalaciones, o teniendo en cuenta la compleja cadena de valor
de los productos y servicios.
También se confunde el concepto de economía circular con el
reciclaje, o se pretende hacer valer la medición del impacto sobre la
biodiversidad con las acciones de patrocinio, voluntario
ambiental o financiación de proyectos de conservación.
Y hemos constatado que las grandes empresas ocultan sus
errores, infracciones, multas y escándalos, o infravaloran los impactos
negativos.
En definitiva, y más allá de sus políticas de RSC, sus
adhesiones a acuerdos internacionales y sus promesas, las grandes empresas
españolas adolecen de un compromiso serio de lucha contra la emergencia
ambiental. Aunque varían por empresas y sectores, todas ellas tienen sus
particulares “pecados capitalistas”.
Sin abordar el problema del crecimiento económico, desde la
óptica de los límites planetarios (ya superados), incluido el carácter finito
de los recursos naturales, da igual que el capitalismo se disfrace.
Y mientras este debate se prolonga por foros y tertulias,
nuestro sector empresarial español, altamente internacionalizado y con complejas
de cadenas de valor a lo largo del planeta y sus habitantes, vive cómodo bajo
el nuevo paradigma de un capitalismo tóxico eternamente
cuestionado. Exprimimos el planeta, pero cuestionamos el capitalismo “tal como
lo conocemos”.
Necesitamos pasar de la voluntariedad a la regulación.
Todos los sectores económicos, desde el financiero hasta el
textil, pasando por el sector aéreo o la gran distribución, deben estar
obligados a rendir cuentas y explicar a la sociedad cuál es el impacto
real de su actividad y de sus productos y servicios, qué están haciendo para
reducirlo y, llegado el caso, como están reparando el daño causado.
Y, si no lo hacen correctamente, deben ser sancionadas.
Esto no resuelve de un plumazo la situación de emergencia
ambiental. Pero es obvio que necesitamos más políticas y
regulaciones en lugar de acuerdos voluntarios, adhesiones y promesas. Un
pequeño paso adelante.
Autor: Nanqui Soto
- FUENTE: ECONOTICIAS-COM
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