El río más extenso de la Península Ibérica agoniza por la falta de reservas en los pantanos de cabecera y la contaminación a su paso por Toledo y Talavera
Un océano de cieno cuarteado por la falta de humedad en los
embalses entre Guadalajara y Cuenca. Una superficie yerta que cruje entre
chopos que han crecido en el mismo sitio que antaño permanecía anegado. Peces
muertos, olores nauseabundos, plagas de insectos, mantas de algas. Espuma en el
tramo medio del río. Estanques varados, urbanizaciones vacías, negocios
cerrados en la cabecera. Y viejos balnearios, como el de La Isabela en Buendía,
emergiendo del fondo del pantano por la escasez de agua.
Así yace ahora mismo
el Tajo como consecuencia de los trasvases y de la sequía. El río más extenso de
la Península Ibérica atraviesa su peor crisis, azotado por la merma de reservas
en los pantanos de cabecera y la contaminación a su paso por Aranjuez, Toledo y
Talavera.
El delicado estado de salud del que José Luis Sampedro
definió como "el río bravo de Iberia" ha encendido todas las alarmas
en Guadalajara y Cuenca. "No tener agua es la ruina de esta zona. Sin agua
morimos lentamente. Sólo generamos desesperanza y despoblación", asegura a
EL MUNDO Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón -localidad alcarreña
que ha perdido 400 habitantes durante la última década- y presidente de la
Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.
La situación es cada semana más angustiosa. Según la
Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), las reservas de los pantanos de
cabecera apenas suman 292 hectómetros cúbicos (hm3), lo que equivale a 11,8% de
su capacidad. Sin embargo, este dato no es del todo real ya que habría que
restar el volumen que se considera "embalse muerto", con lo que las
reservas reales no pasarían del 10%.
Esta sangría, unido al retraso en la
construcción de varias infraestructuras hidráulicas en el Alto Tajo, ya ha
vuelto a provocar problemas de abastecimiento en la cabecera. Una decena de
pueblos se ven obligados estos días de canícula a recurrir a camiones cisterna
para garantizar el suministro a sus vecinos. El pantano de Entrepeñas ya está
por debajo de la cota de los 100 hm3, mientras el de Buendía dispone de 196 hm3
de un total de 1.639 hm3. Y ello pese a que el Ministerio de Medio Ambiente no
ha autorizado trasvases al Segura en junio y julio porque el agua embalsada
está por debajo de la línea roja fijada por el Plan del Tajo para 2017: 356
hm3. Ahora mismo harían falta 64 millones de metros cúbicos para que el
Gobierno pudiera volver a aprobar derivaciones.
En paralelo a la laminación de
la cabecera, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado la pésima limpieza
del Tajo, un río al que considera "prácticamente muerto" por la falta
de caudal, el estancamiento de aguas y el aumento de las temperaturas. Los
técnicos del Ejecutivo castellanomanchego denominan "eutrofización" a
este proceso de degradación, cuyas consecuencias se han traducido ya en la
extensión de olores putrefactos en las riberas del Tajo y la aparición de
plagas y de espumas en el curso del río en Toledo y Talavera. A ello hay que
añadir que el Tajo arrastra buena parte de las aguas residuales de la Comunidad
de Madrid.
El director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio
Luengo, explica que "siempre se ha dicho que esta tierra es de paso, es
decir, un sitio al que se va pero para ir a otros sitio. Pues bien, el 68% del
agua del Tajo para consumo se va por el trasvase, que está hipotecando nuestra
capacidad de desarrollo. Podríamos tener más regadío pero no hemos podido
hacerlo. Cuando se producen los desembalses, legalmente, las restricciones
afectan antes a Barajas de Melo, por poner un ejemplo, que al Campo de
Cartagena. Y en Toledo llevan desde 1972 sin poder bañarse en el Tajo".
Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la Plataforma en Defensa del Tajo y el
Alberche, subraya que "la gestión del río en el último medio siglo ha
creado un desierto demográfico. Los embalses tendrían que estar en torno al
70-80% de su capacidad. El río ha colapsado por la mezcla del cambio climático,
el trasvase y los residuos que genera la zona de Madrid. Tenemos que ser
capaces de ver el Tajo como un elemento cultural y de ordenación del
territorio".
Expediente de la Fiscalía
El maltrato al Tajo fue denunciado
por la Junta de Castilla-La Mancha ante la Unión Europea, tras la visita
realizada en febrero de 2016 por un grupo de europarlamentarios. Y el gabinete
que preside el socialista Emiliano García-Page, desde que éste sustituyó a
María Dolores de Cospedal, ha recurrido a la Justicia todos los trasvases
aprobados desde junio de 2015. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aún no
se ha pronunciado sobre ninguno de estos recursos.
La situación hidrológica
excepcional del Tajo ha motivado la reciente apertura de un expediente por
parte de la Fiscalía de Medio Ambiente para estudiar una posible infracción
penal, tras la denuncia cursada por el Ayuntamiento de Aranjuez por la
degradación del río. Especialmente, serán sometidos a análisis los tramos
afectados por la Red Natura 2000. La denuncia forma parte de una estrategia
conjunta de los consistorios de Toledo, Talavera y Aranjuez, cimentada en la
"escasez de caudales, la falta de dinámica propia del río y la calidad de
las aguas".
Canon del trasvase
La visión desde Levante es radicalmente
opuesta. En Murcia, Almería y Alicante denuncian el riesgo que supone no frenar
la desertización del territorio, alertan de la sequía estructural que padece la
cuenca del Segura y atisban un drama social si la falta de agua impide
satisfacer las necesidades hídricas. Croem, la patronal murciana, califica de
"insostenible" la situación y advierte de que "la falta de agua
está poniendo en riesgo toda la agricultura". Solo Murcia concentra el 30%
de las exportaciones nacionales del sector hortofrutícola. La facturación de
este ramo en el sureste español, que da empleo a 70.000 personas, supera los
5.000 millones de euros anuales.
El cierre temporal del trasvase ha motivado
que el Gobierno invierta 11,5 millones de euros para aumentar el rendimiento de
las tres desaladoras de Alicante y las otras tres de Murcia. En la cabecera del
Tajo por qué esta solución, que sí sirve en época de sequía, no vale en
condiciones normales.
Y, sobre el canon del trasvase -el dinero que abonan los
regantes de Levante por el uso del agua procedente de la tubería del acueducto-
también hay polémica. La ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
dio luz verde el pasado 13 de julio a una resolución de la Dirección General
del Agua que autoriza el incremento de las tarifas de aprovechamiento del
trasvase Tajo-Segura. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura (SCRATS) considera que esta subida, que califican de
"demencial", significa que deberán pagar 12 millones de euros año por
el acueducto aunque no reciban ningún trasvase.
Esta medida ha generado un
rechazo unánime de la clase política en Murcia, lo que a su vez ha encrespado
los ánimos en Guadalajara. Según la Junta de Castilla-La Mancha, esta región
cobra cada año tres millones de euros por este canon, "un tercio de lo que
se debería abonar", precisa Luengo.
Los municipios de Entrepeñas y Buendía han iniciado
contactos con los diferentes grupos políticos para intentar modificar la maraña
legislativa que actualmente rige el acueducto, condicionada tanto por las
reglas de explotación que fija Medio Ambiente, los planes de cuenca, la Ley de
Montes y el Memorándum suscrito en 2013 por el Gobierno y las comunidades
implicadas (Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y
Extremadura), entonces todas ellas en manos del PP.
Para los populares, aquel
acuerdo fue un logro "histórico" que permitía cerrar la guerra del
agua. Levante consiguió garantizar el mantenimiento del trasvase a cambio de
elevar la cota mínimo no trasvasable hasta los 400 hm3, una raya que la sequía
de este verano ha demostrado completamente insuficiente. Para los socialistas
castellanomanchegos, aquella foto fue la de la "traición" a los
intereses regionales.
La desunión siempre ha sido una pesada carga para los
ribereños del Tajo. "Todos los trasvases aprobados este año, tal como ha
acreditado la Junta, son ilegales porque no han respetado la legislación",
explica Pérez Torrecilla, primer edil de Sacedón (PSOE). Francisco Javier del
Río, alcalde del cercano municipio de Pareja (PP), no opina lo mismo: "No
son ilegales. Y recurrir los trasvases, como hace la Junta, no tiene ningún
sentido. Lo que hay que hacer es modificar las leyes".
En todo caso, ambos
sí coinciden en denunciar que "hace 50 años se expropiaron las mejores
tierras de regadío para hacer los pantanos pero ahora no se puede desarrollar el
turismo por culpa de los trasvases. No negamos el agua a quien la necesite,
pero siempre que sea excedentaria, es decir, si el agua embalsada en Entrepeñas
y Buendía supera el 40%".
Futuro
La realidad es que, cuatro décadas después
de su puesta en funcionamiento, el trasvase sigue siendo una infraestructura
intocable. Primero porque es una manera fácil y barata -la obra está
amortizada- de suministrar agua a Levante. Y, segundo, porque ninguno de los
partidos nacionales cuestiona su viabilidad. Eso es lo que ha permitido que el
acueducto Tajo-Segura, ideado por la República -siendo Indalecio Prieto
ministro de Obras Públicas-, ejecutado por el franquismo y puesto en marcha
durante el Gobierno de UCD, se haya perpetuado sin que exista un
cuestionamiento sobre su idoneidad económica y medioambiental.
"Se invoca
la solidaridad para sostener esta infraestructura, pero la realidad es que a
los castellanomanchegos nos siguen viendo como insolidarios en cuanto
denunciamos el estado del Tajo", subrayan desde la plataforma Río Tajo
Vivo, impulsora junto a la Asociación de Municipios Ribereños de varias
caravanas y otras acciones de protesta en la zona. Desde estas organizaciones
admiten que la sensación que cunde es una mezcla de "hartazgo" e
"indiferencia", con la erosión que eso provoca en el éxodo
demográfico que está vaciando los pueblos en el interior de la meseta.
El secretario regional de la Asociación de Jóvenes
Agricultores (Asaja), José María Fresneda, concluye: "como no se actúe
urgentemente con el agua, y teniendo en cuenta el cambio climático, Castilla-La
Mancha está condenada a morir. Menos en La Mancha, que hay regadío, el resto
está amenazado".
Raúl Conde Suárez
El Mundo 08/08/2017
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