En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal.
El pleno del Congreso ha aprobado este miércoles las
enmiendas del Senado al proyecto de Ley de Montes, dando el refrendo definitivo
al texto, y con críticas de toda la oposición. La norma, que entrará en vigor a
los tres meses de su publicación en el BOE, incluye una enmienda por la que se
permitirá construir en un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años
cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden. Esta
enmienda se ha aprobado con los votos a favor del PP, UPyD y UPN, la abstención
del PSOE y el voto en contra del resto de grupos.
Concretamente, el texto
contempla que "con carácter excepcional" las comunidades autónomas
podrán cambiar de uso un espacio calcinado "cuando concurran razones
imperiosas de interés público de primer orden" que sean aprobadas por ley,
siempre que se adopten medidas compensatorias para recuperar una superficie
forestal equivalente a la quemada.
En el caso de que esas razones imperiosas de
primer orden correspondan a un interés general de la nación, será la ley
estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal.
Junto a este
cambio, los populares han introducido la precisión de que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con las comunidades
autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de cada
comunidad, y facilitará el intercambio de experiencias sobre ellos.
Además, la
ley incluye en forma de disposición adicional las normas de explotación del
trasvase Tajo-Segura para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional.
En
el marco de su tramitación, la oposición ha criticado que el texto se entromete
en las competencias autonómicas y desprotege los montes al permitir el cambio
de uso antes de que se cumplan 30 años tras el incendio en un terreno forestal
y al limitar la necesidad de planes de gestión y pasar de 15 a 25 años el
periodo para aprobar estos planes.
Durante el debate de las enmiendas en el
Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Manuel Torres, ha aclarado que la
norma "mantiene la prohibición expresa del cambio de uso de un terreno
incendiado durante 30 años" y lo que hace es incluir una "nueva excepción"
que pretende evitar "que por motivo de incendio no se puedan llevar a cabo
actuaciones de interés público".
Asimismo, Torres ha precisado que la
norma clarifica la posición de los agentes forestales como "apoyo a las
fuerzas de seguridad del Estado" y que son la fiscalía y el juez los que
deben decidir si existe una infracción penal, para "no seguir dando lugar
a confusiones entre vigilancia, inspección y policía" pero ha matizado que
los agentes forestales no pierden ninguna competencia y podrán seguir
denunciando delitos en el monte.
PRIVATIZACIÓN DE LOS MONTES
Por su parte, la
diputada del PSOE, Laura Seara, ha tachado la norma de "atajo" hacia
la privatización y "la compra y negocio de los terrenos forestales".
"Es un ladrillo pintado de verde, una ley para los amigos", ha
indicado, al tiempo que ha criticado que se "socava la autoridad e
independencia de los agentes forestales".
Por otro lado, el portavoz de
Uniò, Martí Barberà, considera que se han conseguido algunos "logros"
durante la tramitación de la ley, por ejemplo, el hecho de que haya quedado
"preservada la capacidad que se les quería retirar a los agentes
forestales de investigar los delitos" cometidos en los montes, pero ha
criticado la invasión de competencias al establecerse que deberá ser una ley
estatal y no autonómica la que determine la necesidad de cambio de uso forestal
de un terreno quemado cuando exista un interés general de la nación.
Mientras,
el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Josep Perez Moya, conisdera que
con esta excepción para construir en zona incendiada el Gobierno "abre la
puerta a la implantación de actividades que no tienen nada que ver con el
monte" como ocurrió, según ha recordado, con Terra Mítica. También le
preocupa que se blinde via enmienda el trasvase Tajo-Segura con la
"excusa" de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional.
Por su
parte, el portavoz de UPyD, Julio Lleonart, ha coincidido en que la ley
"disminuye la protección de los montes" y carece de "medidas eficaces"
y ha aprovechado para criticar que, durante el paso de esta norma por el
Senado, casi las únicas modificaciones hayan sido "seis correcciones
gramaticales y un cambio ortográfico". "El Senado es el departamento
de corrección ortográfica y gramatical más caro del mundo, casi 52 millones de
euros. Cierren el Senado", ha pedido.
ESCALADA ANTIMEDIOAMBIENTAL
Por su
parte, Maite Ariztegui, de Amaiur, ha lamentado que con la aprobación de esta
ley se llega al "abismo" tras una "escalada antimedioambiental"
y se coloca "el bidón de gasolina a pie de monte". Además, ha
criticado que el Gobierno apruebe esta ley "a lo Juan Palomo, yo me lo
guiso, yo me lo como", en solitario y frente al rechazo social, y que
"desproteja los montes" en favor de "la privatización".
También la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Teresa Jordà, ha
reiterado su "no" a la Ley de Montes porque, a su juicio, "abre
la puerta a que los incendios sean rentables para los especuladores" de
forma que "lejos de proteger" los bosques, "incentiva su
quema".
El portavoz del PP, Manuel Torres, ha tildado los argumentos de
los grupos de la oposición de "machacones" y les ha reprochado no
haber prestado atención a las modificaciones introducidas en el texto vía
enmienda y tener un concepto "rancio" de lo que es el monte
"como algo que no se puede tocar". "A ustedes los árboles no les
dejan ver el bosque", ha añadido.
ep
Fuente: http://www.ecoticias.com/naturaleza/105166/aprobada-la-ley-de-montes-una-losa-para-el-medio-ambiente
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