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| Foto: Econoticias.com |
Un informe de Greenpeace evalúa a 23 grandes empresas y ninguna cumple plenamente la Ley 11/2018 de Información No financiera y Diversidad.
Coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en
Davos, Greenpeace ha lanzado hoy el informe La “Marca España” ante el reto de
la emergencia ambiental, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la
Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad (1).
Esta norma, aún poco conocida, obliga a las grandes empresas
a informar a sus accionistas y a la sociedad sobre aspectos no financieros,
algo necesario para poder determinar el impacto de la actividad empresarial en
temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el
soborno o fiscalidad.
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| Foto: Econoticias.com |
El informe evalúa exclusivamente los aspectos
medioambientales, siempre desde el enfoque de que la legislación obliga a las
empresas a reportar siguiendo estándares internacionales sobre los efectos
actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y
en particular sobre sistemas de gestión ambiental, contaminación, economía
circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos,
lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad.
Se ha evaluado a 23 grandes empresas españolas muy conocidas
por la ciudadanía (2), representantes de diferentes sectores económicos
(petróleo y gás, eléctrico, construcción, finanzas, aviación, textil,
distribución y agroalimentario). Un informe de Greenpeace evalúa a 23 grandes
empresas y ninguna cumple plenamente la Ley 11/2018 de Información No
financiera y Diversidad.
Coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en
Davos, Greenpeace ha lanzado hoy el informe La “Marca España” ante el reto de
la emergencia ambiental, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la
Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad (1).
Esta norma, aún poco conocida, obliga a las grandes empresas
a informar a sus accionistas y a la sociedad sobre aspectos no financieros,
algo necesario para poder determinar el impacto de la actividad empresarial en
temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el
soborno o fiscalidad.
El informe evalúa exclusivamente los aspectos
medioambientales, siempre desde el enfoque de que la legislación obliga a las
empresas a reportar siguiendo estándares internacionales sobre los efectos
actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y
en particular sobre sistemas de gestión ambiental, contaminación, economía
circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos,
lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad.
Se ha evaluado a 23 grandes empresas españolas muy conocidas
por la ciudadanía (2), representantes de diferentes sectores económicos
(petróleo y gás, eléctrico, construcción, finanzas, aviación, textil,
distribución y agroalimentario).
El análisis se ha centrado principalmente en los reportes
ofrecidos en los propios “Estados de Información No Financiera” elaborados por
cada una de estas empresas en el ejercicio 2018 (3).
Según los diferentes sectores económicos analizados, el
informe de Greenpeace concluye que:
- Ninguna de las empresas analizadas cumple plenamente con la
Ley 11/2018 de información no financiera. Las grandes empresas españolas
suspenden en materia de información sobre medio ambiente: la media de las 23
compañías analizadas no supera los 35 puntos sobre 100.
- Las industrias cárnicas y el sector aéreo son los que peor
cumplen la norma.
- Según los indicadores analizados, las empresas reportan mejor sobre su política y sistema de gestión (41,12 puntos sobre 100) y energía (39,95 puntos sobre 100), y peor sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica (14,21 sobre 100) junto con cadena de suministro (27,05 sobre 100).
- Como en otros estudios similares, los sectores sujetos a un
mayor escrutinio por parte del regulador los mercados de carbono se acercan más
al cumplimiento de la Ley 11/2018. Así, se da la paradoja de que los sectores
más contaminantes, el eléctrico y el de los combustibles fósiles, son los que
presentan más información.
“En general, el reporte de las empresas Marca España se
centra más en ofrecer una imagen (muchas veces errónea) de ‘sostenibilidad’ que
en asumir una obligación real de rendición de cuentas bajo los principios de
rigor y transparencia”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
“La ley obliga a las empresas a hacer una descripción completa
de los impactos, con información rigurosa sobre la identificación de riesgos
derivados de su actividad, tanto generales como desglosados por instalaciones y
por países. Sin embargo, las grandes empresas ocultan sus errores,
infracciones, multas y escándalos, o infravaloran los impactos negativos”.
El contraste entre las obligaciones establecidas en dicha
ley y el desempeño de las empresas en el reporte, ponen en evidencia que el
sector empresarial no está realizando una correcta rendición de cuentas como
exige la ley.
El sector financiero no explica ni desagrega por países el
impacto ambiental de sus inversiones en los sectores del carbón, el petróleo,
el gas o la industria agropecuaria responsable de los incendios en Brasil.
La industria cárnica no describe el impacto de toda su
cadena de valor, desde la deforestación producida en otras latitudes para la
producción de soja destinada a la fabricación de piensos, hasta la
contaminación de los acuíferos en las regiones españolas invadidas por
explotaciones de ganadería industrial.
Y el sector textil no tiene en cuenta en su reporte el
impacto para los recursos naturales del consumo masivo de ropa de temporada y
los impactos de sus procesos de producción.
“Ante el estado de Emergencia Climática y crisis de
Biodiversidad que vivimos, el sector empresarial español no se ha tomado en
serio la medición real del impacto ambiental de su actividad y la correcta
rendición de cuentas” ha añadido Soto. “Para abordar esta crisis es clave
avanzar en la correcta asunción de su papel en la sostenibilidad, superando la
fase de los compromisos voluntarios, la adhesión genérica a acuerdos y pactos
internacionales o la responsabilidad social corporativa”.
El análisis también concluye que es urgente un desarrollo
reglamentario de la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad que
clarifique conceptos clave como, por ejemplo, qué se entiende por riesgo.
El reglamento debe incorporar indicadores de resultado en
todas las dimensiones contempladas en el área de medio ambiente y las metodologías
precisas para que la información facilitada por las empresas sea homogénea y,
por tanto, comparable.
Y es obligado también fijar un régimen de sanciones para el
caso de incumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la
ley por parte de las empresas.
Si el Gobierno quiere tener en el tejido empresarial un
aliado para sus objetivos de Transición Ecológica y de alcanzar el objetivo del
1,5ºC es necesario pasar de la voluntariedad a la obligación, e instar a todos
los sectores a presentar información detallada sobre cómo realizan la
evaluación de riesgos, cómo aplican el principio de prevención y precaución, y
cuales son sus planes para adecuar sus emisiones a los objetivos ambiciosos que
la actual situación de Emergencia Climática requiere” ha concluido Soto.
Además, Greenpeace demanda al Gobierno que durante la
presente legislatura se lleve al Congreso una propuesta de ley de Debida
Diligencia que obligue a las grandes empresas españolas a identificar y evaluar
el riesgo de sus actividades sobre el medioambiente y los derechos humanos, y
la reparación del daño causado.
En la misma línea, demanda un apoyo decidido en el seno de
la Unión Europea y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para
la aprobación de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos como
forma de velar y asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos
frente a los impactos negativos de la actividad de las empresas.
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(1) La Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad,
obliga a las grandes empresas a informar sobre aspectos no financieros,
concretando los contenidos a reportar en los ámbitos de medioambiente,
trabajadores, Derechos Humanos, corrupción, sociedad, proveedores, consumidores
e información fiscal. En el ámbito medioambiental se exige que las empresas
informen específicamente sobre temas como la contaminación, el fomento de la
economía circular y la prevención y gestión de residuos, el uso sostenible de
los recursos, la lucha contra el cambio climático o la protección de la
biodiversidad.
(2) Las 23 empresas “Marca España” analizadas son: Repsol,
Cepsa, Naturgy, Endesa (ENEL), Iberdrola, ACS, FCC, Ferrovial, Santander, BBVA,
CaixaBank, Mapfre, Iberia (IAG), Air Europa, Inditex, Mango, Cortefiel
(Tendam), Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Casa Tarradellas, Campofrío
(SIGMA) y El Pozo (Grupo Fuertes).
(3) El análisis de los datos que aparecen en el informe ha sido
elaborado por un equipo de personas expertas del Observatorio de la Sostenibilidad por encargo y bajo la coordinación de Greenpeace España.
Aquí engaña todo dios, del primero al último y te haces más consciente cuando te vas fuera y hablas en confianza con la gente. La famosa "marca España" no es más que una muestra más de lo que nos caracteriza: mucho ruido y pocas nueces. El que no engaña es porque no puede. Y debajo de la alfombra, toda la basura. Así huele.
ResponderEliminar¿Como se puede pretender ser el adalid de la llamada transición ecológica, a la vez que se potencia el mismo modelo de economía y gestión que está causando el desastre? Y es que aparentar se nos da genial.
https://www.elsaltodiario.com/.../creer-en-cuentos-de-hadas
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