Las arcas públicas pagan hasta un 40% de la amortización de
las obras, mientras que los impactos medioambientales “no están siendo
compensados”.
Nuria Hernández y Enrique San Martín, de la Fundación Nueva
Cultura del Agua, analizan los costes y alternativas al trasvase.
“La justificación del trasvase no es el abastecimiento, sino
que se utiliza eso como excusa para hacerlo más defendible socialmente”.
Cuando en los años 30 comenzó a proyectarse la obra del
trasvase Tajo-Segura, el objetivo del mismo fue propiciar la producción
agrícola de las zonas más rentables de Levante. Es decir, esa derivación de
agua estaba enfocada básicamente al regadío. Es una situación que ya había
cambiado cuando comenzó su explotación 50 años después, en 1980, y que hoy en
día prácticamente carece de sentido. Ahora priman los criterios de
abastecimiento, equidad y desarrollo sostenible, unos principios que para
investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) no se cumplen y a
los que además se une la “cuestionable” rentabilidad económica del trasvase en
cuanto a coste-beneficio. Es en esta última cuestión donde surgen las mayores
dudas.
El Tajo-Segura tiene unos costes fijos de su construcción
que aún se siguen amortizando (con horizonte hasta 2030) y aparte otros
variables derivados de su explotación con el que corren los regantes de
Levante, principales beneficiarios del mismo. La profesora Nuria Hernández-Mora
explica que cuando el trasvase comenzó a funcionar, la transferencia de 1.000
hectómetros cúbicos anuales se concibió en dos fases: una primera de 600
hectómetros y otra de 400 hectómetros que nunca llegó a realizarse porque se
“sobreestimaron los recursos”. “Ya desde el principio, solo se ha estado
recuperando el 60% de los costes porque se entendió que el otro 40% los
usuarios no tenían que pagarlo por no haberlo trasvasado”. Ese porcentaje es el
que han asumido las arcas públicas, es decir, los ciudadanos, por las obras del
trasvase.
A ello hay que sumar otras rebajas adicionales a los regantes, entre las que se encuentran las derivadas del régimen económico-financiero del agua y sus “trucos contables”, que provocan que los usuarios del trasvase solo lleguen a pagar el 30% del coste real de las infraestructuras, algo que, según Hernández-Mora, pasa en todas las obras hidráulicas del país. “En el caso del trasvase Tajo-Segura, actualmente pagan hasta un 40% menos por metro cúbico que en 1980”, precisa.
Además, cuando hay periodos de sequía, los regantes están
exentos de la tarifa del trasvase, es decir, no pagan por el coste de la
infraestructura. Eso sin contar con que también existen unos “impactos
económicos y medioambientales que deberían estar siendo compensados” tal y como
recoge la Directiva Marco Europea. En definitiva un cúmulo de “descuentos
adicionales” que hacen que la amortización del trasvase no se esté realizando
conforme a como se proyectó.
A la luz de estos datos, ¿es rentable entonces la existencia
del Tajo-Segura? Depende de varios factores, pero para el profesor Enrique San
Martín, cuya tesis doctoral versó sobre esta cuestión, no lo es desde un punto
de vista “económico y global”. “Es rentable para la cuenca del Segura desde un
análisis individual financiero”, explica, pero si se contempla desde el prisma
del “conjunto de la economía” en España, no es el caso. “Es una obra que ha
pagado el Estado y si a la hora de utilizarla los usuarios, estos no devuelven
el total de los costes, los que reciben el agua tienen un beneficio, y los que
lo han financiado, como no se les devuelve todo el dinero, tienen una pérdida”.
San Martín explica además que varios informes internacionales constatan que es
una característica de todas las obras hidráulicas que se proyectaron “dando por
supuesto” que serían rentables, cuando se ha demostrado que esa viabilidad es
“baja y dudosa”.
Lo cierto es que actualmente no hay una sola alternativa a
esta infraestructura. Para el profesor San Martín plantear otra obra o revertir
la situación supondría que los regantes de la cuenca del Segura apelaran a la
responsabilidad del Estado, por “quitarles” la obra antes de tiempo, lo cual
generaría unos costes. “No hay ningún plan en el que todos salgan ganando, sino
un juego de ‘suma cero’: que todo lo que ganan unos no lo pierdan los otros”.
Compensación al Tajo por derecho de propiedad
Aunque las opciones son múltiples entre la desalación, la
redistribución de caudales o la subida de precios, en el caso de que, según la
legislación, el derecho de propiedad fuera de la cuenca del Tajo, la del Segura
debería “compensar” a la del Tajo por seguir usando el agua, aparte de lo que
pagan por la amortización de las obras. Además, San Martín alega que la
justificación del trasvase no es el abastecimiento como alegan desde Levante,
sino que se utiliza ese argumento “como excusa para hacerlo más defendible
socialmente”. “Con la ley en la mano, no hay caudales excedentarios y no
debería trasvasarse”, detalla.
Ambos expertos coinciden en señalar que la política sobre el
agua llevada a cabo en España no ha ayudado a solventar este problema. Para
Enrique San Martín, se ha tratado de una gestión “continuista” no ya solo de
los últimos años sino “heredada” incluso de los años 30. Por su parte, Nuria
Hernández-Mora subraya que durante la presente legislatura se han hecho
reformas que ya están empezando a tener “impactos muy negativos” como la venta
de agua entre cuencas hidrográficas. Las decisiones en materia hídrica se han
convertido así en “mercadeo entre unos que quieren comprar y otros que quieren
vender”, y quitando del ámbito de lo público decisiones sobre un recurso que es
un bien común.
Pero también está convencida de que son reformas que “caerán
y “acabaran cambiando”. “El río Tajo está exhausto, y las perspectivas de
cambio climático nos dicen que habrá menos agua, así que les compete a los
receptores iniciar un proceso de reconversión, hacer un debate sosegado entre
todos y ver cómo nos podemos reestructurar para garantizar el abastecimiento y
seguir teniendo una agricultura provechosa que no sea a costa de otras
regiones”, concluye.
- FUENTE: eldiario.es de CLM por Alicia Avilés Pozo
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