COMUNICADO DE PRENSA
Las organizaciones ambientales en defensa de los ríos y el uso sostenible del agua, solicitan a todas las confederaciones hidrográficas información detallada de cómo están aplicando la Orden de contadores.
Diez años después de la obligación legal de instalar contadores de agua para todos los usuarios, la administración hidráulica no posee información real y actualizada de los consumos ni tampoco la ciudadanía. La orden aprobada en 2009 para el conocimiento y control de los volúmenes de agua utilizados por los distintos usuarios, no se cumple por igual desde las diferentes administraciones hidráulicas.
Las organizaciones ambientales en defensa del agua piden esta verificación para cerciorarse de que desde la Administración se está dando efectivo cumplimiento a la Directiva Marco del Agua en esta cuestión. La Comisión Europea ha pedido a España el uso generalizado de caudalímetros a fin de asegurar la medición y registro de todas las captaciones y que los permisos se adapten a los recursos disponibles.
Madrid, 10 de julio de 2019

El cambio climático está suponiendo ya en España una reducción continuada de los recursos hídricos disponibles en la práctica totalidad de las cuencas hidrográficas, a lo que hay que añadir que aumentará la frecuencia, intensidad y extensión de las sequías. Ante esta realidad es inviable pretender incrementar la disponibilidad del recurso a través de nuevas infraestructuras, por lo que la única forma sensata de afrontar el cambio climático y la intensificación de las sequías es a través de la reducción de todas las demandas (agraria, urbana, industrial y turística) y mediante un exhaustivo control del consumo. Una de las medidas imprescindibles para ello es la utilización de contadores de agua para todos los usos, incluidos los agrarios, tanto en aguas superficiales como subterráneas. Se trata además de una exigencia de la Comisión Europea y de una obligación legal de la normativa española. Pese a todo ello, la implantación y vigilancia de contadores de agua por cada explotación, particularmente en las captaciones para regadío, sigue siendo insuficiente y la información disponible para los ciudadanos acerca de esta implantación, casi inexistente.